En los primeros cinco meses del año, los titulares de explotaciones lácteas gallegas facturaron 368 millones de euros, lo que supone un 2,3% más que en el mismo período de 2018. Así lo ha avanzado este jueves el conselleiro de Medio Rural, José González, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Sociedad Agraria de Transformación

El conselleiro ha destacado que la facturación de los ganaderos gallegos también representa el 37% a nivel nacional, una buena cifra que muestra la “estabilidad” en el sector.

Ha asegurado que es “incuestionable” que el sector lácteo “es uno de los principales motores del rural gallego” y por lo tanto “de la economía” de la comunidad. En este sentido ha ofrecido el apoyo de la Xunta para que siga siendo así.

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La multa de 80 millones impuesta al cártel lácteo ha dado la razón una vez más a los ganaderos. UPA lleva años denunciando que los precios “de ruina” de la leche en origen no sólo son injustos e inmorales, sino que son además ilegales. “Pero no queremos la razón, queremos precios justos”, reconocen.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha manifestado los “sentimientos encontrados” que genera entre los productores de leche la multa de la CNMC a las industrias lácteas, conocida el viernes. Por un lado, satisfacción, “pues siempre es agradable tener razón”, y por otro confiesan su temor a que las empresas sancionadas repercutan ahora la sanción en los precios pagados a sus proveedores: los ganaderos.

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Sociedades de caza, tecores, agricultores y ganaderos apuestan por cambios normativos ante los elevados costes que acarrea el exceso de esta especie salvaje y el riesgo de que una enfermedad como la peste porcina pueda llegar a la cabaña gallega.

Sociedades de caza, tecores, cooperativas ganaderas y asociaciones de productores de porcino en Galicia se han reunido esta mañana en Santiago para construir un frente común que ayude a encontrar soluciones que permitan controlar el exceso de jabalíes, una especie perteneciente a la fauna salvaje y que, cada año, genera unas pérdidas de 15 millones de euros. Una cantidad que se encuentra muy por encima de lo que cubren las ayudas, unos 600.000 euros. Convocados por Unións Agrarias (UU.AA.), las organizaciones y colectivos han puesto encima de la mesa la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa popular para frenar los daños del jabalí.

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A partir de mañana y hasta el próximo 13 de diciembre estará abierto el plazo para solicitar las ayudas del Bono de Alquiler Social destinado la víctimas de violencia de género, a sus

hijos dependientes y la personas que sufran explotación sexual. Así se recoge en la resolución publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y por la que se convoca para 2019 esta línea de subvenciones, impulsada en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género y a la que la Xunta destinará una partida de 1,65 millones de euros.

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Fue en el año 2012 cuando apareció la primera normativa que daba cobertura a las organizaciones de productores (OPs), un instrumento impulsado por la propia Comisión Europea para dotar de un mayor poder negociador a los ganaderos en sus relaciones comerciales con las industrias. puede concluirse que el modelo no ha funcionado ni en Galicia ni en España, salvo en el sector de frutas y de hortalizas.

¿Qué ha ocurrido para que fracasara un modelo que muchos pensaron que supondría un antes y después? «A resposta é moi sinxela, non houbo ate o de agora mecanismos que obrigaran ás industrias á sentarse, e claro, non o facían», explica Javier Iglesias, responsable de Ganadería del sindicato Unións Agrarias (UU.AA.).

Los ganaderos también reclaman una nueva modificación legislativa: que se introduzca la figura del mediador. Una demanda que comparten productores y cooperativas, medianas y grandes.

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